“¿Qué le pasa a Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso?”. El comentario, hace dos meses, del Papa en Lima, parece dar pábulo a una especie de maldición sobre la política peruana. Desde la traumática presidencia de Alberto Fujimori, todos los presidentes han acabado presos o perseguidos por la justica. Pedro Pablo Kuczynski ofrecía un perfil distinto, un buen gestor alejado de los vicios de la política profesional, pero el caso Odebrecht, el constructor que corrompió a toda América Latina, terminó llevándoselo por delante. La buena noticia es que la corrupción ha dejado de estar consentida y que el Estado de Derecho se va abriendo paso. La mala, que la alternativa no va a ser necesariamente mejor.

El problema no es el hasta ahora vicepresidente y sucesor de Kuczynski, Martin Vizcarra, con fama de político honrado. La cuestión es qué margen de maniobra tendrá con un parlamento dominado por las guerras internas de los hermanos Fujimori. Kuczynski cometió el error de intentar negociar con ellos. Trató de comprar su supervivencia política a cambio del indulto al patriarca de la familia y terminó envuelto en un escándalo de compra de votos a parlamentarios cuando su suerte estaba ya echada. Ahí queda la lección para su sucesor, al que, eso sí, no le faltarán apoyos externos, porque sería una catástrofe que el populismo diera al traste con la estabilidad y el crecimiento logrados en los últimos años.