El Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha proclamado esta tarde en el Parlamento autonómico que asume un supuesto mandato popular para que Cataluña sea un estado independiente, para anunciar a continuación que suspende la entrada en vigor de esa decisión para favorecer un proceso de diálogo y de mediación internacional. La afirmación de Puigdemont no tiene validez jurídica alguna, aunque eso no resta gravedad a la situación, con la que se da un paso más en un proceso de deslealtad al Estado de Derecho, del que es máximo responsable.

Sostenido por los radicales de la CUP, que previamente han colocado a sus satélites de Omnium Cultural y ANC en la calle, Puigdemont ha invocado el seudo-referéndum celebrado el 1 de octubre para avanzar en el camino emprendido a ninguna parte, que solo puede empeorar la situación de una Cataluña, ya muy dañada por la irresponsable gestión de sus dirigentes, con sus principales empresas en estampida, una caída muy significativa en términos reales del turismo y, sobre todo, con una fractura social que será lo que más cueste recuperar a medio plazo.

Puigdemont ha tratado de ganar tiempo pero no ha rectificado un ápice su pretensión radicalmente antidemocrática. Es el tiempo de la unidad frente al secesionismo, de recuperar lo mejor del régimen del 78, que unos pocos irresponsables quieren ahora hacer saltar por los aires.