Con la toma de posesión del nuevo Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se inicia un incierto capítulo en la vida política catalana. Todo dependerá de si Torra se atiene a sus proclamas grandilocuentes de abierto desafío a la legalidad constitucional, o si a la hora de la verdad su gobierno transita por el cauce de la ley. En el primer caso, el Gobierno y el PSOE ya han anunciado que no lo consentirán, y que volvería a aplicarse el artículo 155 de la Constitución para restaurar el imperio de la ley con los retoques que sean necesarios en la implementación de este instrumento constitucional, del que, por otra parte, no puede esperarse la solución de todos los problemas. Esperemos que Ciudadanos apoye esta posición común tras el encuentro de Albert Rivera con el Presidente Rajoy.

Por otra parte será necesario intensificar el diálogo con la Unión Europea para aclarar los términos en que debe aplicarse la euroorden de detención y la extradición de quienes se rebelan contra las leyes. Y para compartir el grave riesgo que para la propia Unión supondría la proliferación del secesionismo.

Junto a todo ello, no se puede olvidar la dimensión cultural y política de este proceso. Los partidos constitucionales tienen la responsabilidad de mantenerse unidos y de intentar un cambio en el actual reparto de fuerzas en Cataluña, empezando por la trascendental cita de las elecciones municipales dentro de un año. Desde esa posición será factible dialogar con un nacionalismo sensato que ahora mismo se encuentra bajo tierra.