De acuerdo con la breve declaración de Mariano Rajoy después del Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución que permitirá adoptar las medidas necesarias para restaurar la legalidad en Cataluña. Para ello, y en aras de la claridad necesaria para deshacer el embrollo de lo que ayer sucedió en el Parlamento catalán, Rajoy ha requerido a Puigdemont para diga si, efectivamente, ha declarado la independencia. De nada le ha valido la trampa que pretendió tender ayer al Estado de Derecho al afirmar que “suspendía” los efectos de la independencia para dar tiempo a un supuesto diálogo o a una supuesta mediación internacional.

La pelota está ahora en el tejado de Puigdemont. Lo que no puede darse es un diálogo fuera del marco de la ley. En función de la respuesta que aporte el Presidente de la Generalitat, entrarán en juego las prerrogativas que la Constitución ofrece al Gobierno para actuar frente a quienes se han rebelado, con las consecuencias que de ello se deriven.

La decisiva postura adoptada por el Gobierno, después de consensuarla con los líderes del PSOE y de Ciudadanos, tiene la virtud de clarificar la situación, y como ha dicho Rajoy, dar seguridad a la población catalana así como a todos los españoles, de que la ley no puede vulnerarse impunemente. No podrá negarse que el Gobierno ha actuado hasta ahora con enorme mesura y prudencia. La farsa llega a su fin. Es el momento de hacer claridad, restaurar el orden y la seguridad en un contexto embarrado por Puigdemont y los suyos.