El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descarta un consejo de ministros extraordinario, a mediados de agosto, para abordar a fondo hasta donde está llegando el separatismo catalán. Acusado por la izquierda de « inmovilismo », lo cierto es que el señor Rajoy está haciendo gala de una prudencia que, en cierto modo, exaspera a esa oposición que quisiera verlo dando palos de ciego para acusarlo de no saber afrontar el desafío y tener así otro pretexto para pedir su dimisión. Sin embargo, si hay un tema planteado constantemente en la mesa del Consejo de Ministros,es el desafuero que trata de consumar la Generalitat y de ahí los recursos al Tribunal Constitucional a cada paso que da el Parlamento catalán en su imposible proceso separatista. Los palos de ciego, en relidad, los está dando el PSOE, que navega en la ambigüedad de negar legitimidad al proyecto de referendum y de pretender una reforma de las estructuras del Estado, con la falsa idea de dar satisfacción a las aspiraciones del radicalismo independentista. Hay que dejar bien claro en este aparente rompecabezas, en el que juegan piezas que no encajan, que todo el problema reside en una confrontación absurda. Los separatistas catalanes sostienen que sus leyes, están por encima de la Constitución, a la que niegan todo valor aunque tambien ellos recurran al alto tribunal cuando les parece oportuno. Lo que entra en confrontación, por tanto, es una falsa legalidad promovida por un Parlament díscolo, y la legalidad vigente en toda España. No puede haber dos leyes distintas y, además, enfrentadas entre sí. Eso lo saben perfectamente los separatistas, especialistas en deformar la realidad, al extremo de creer que el Gobierno no podrá hacer nada contra la voluntad de quienes han decidido saltarse la ley básica del Estado. Aunque parezca, «inmovilista», Rajoy se está cargando de todas las razones que les da la ley para, en su momento, apliarlas con todo el peso de la única ley existente.