Ocho años después de que se abriera la investigación, el “Caso Palau” ya tiene sentencia. El saqueo de fondos públicos en el conocido Palau de la Música de Barcelona se ha convertido en un caso paradigmático de corrupción estructural que, durante años, fue armando el poder político, entonces bajo las siglas de Convergencia Democrática de Cataluña. Sobre el Palau se tejió una tupida red de intereses y corruptelas que ha dejado corto al famoso 3%, que en su día desvelara Pascual Maragall en el mismísimo Parlament de Cataluña.

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona condena ahora a penas de cárcel, entre otros, a Félix Millet, director de la institución, a su número dos, Jordi Montull, y al tesorero de Convergencia, Daniel Osácar. Y condena también al propio partido político a devolver todo el dinero obtenido de forma ilegal, tras quedar probado que se lucró con 6,6 millones de euros, conseguidos por medio de comisiones irregulares que obtenían a cambio de adjudicar obra pública a la constructora Ferrovial. En este contexto se situa la dimisión de Artur Mas como presidente del ahora llamado PDCat, la continuación de la misma Convergencia, cuyo cambio de nombre obedeció a razones de supervivencia política. El caso Palau muestra con descorazonadora crudeza a qué se ha dedicado buena parte de la clase dirigente que ha gobernado en Cataluña durante las últimas décadas, mientras se incubaba el proyecto secesionista y se acuñaba uno de los eslóganes más fraudulentos de la reciente historia: “España nos roba”.