El laicismo se ha consolidado como recurso fácil cada vez que PSOE y Podemos andan escasos de propuestas. Con los votos también de Compromís, el Congreso aprobó instar al Gobierno a suprimir la asignatura de Religión, lo cual no solo complica innecesariamente el pacto educativo, sino que vulnera un derecho reconocido a los padres en la Constitución. En 13 de los 28 países de la UE, según se recordó desde el PP, la Religión es obligatoria, y en otros 14, optativa. Este último es el caso de España, que en absoluto puede calificarse de anómalo.

Sucede otro tanto con la petición al Gobierno de derogar los Acuerdos con la Santa Sede, presentándolos como un privilegio católico. Cierto que, en esta ocasión, la nueva propuesta incluye eliminar también los acuerdos con otras confesiones. La lógica de esta iniciativa, cocinada hace tiempo en Ferraz, consiste en meterlas a todas bajo un mismo saco, una ley orgánica de libertad religiosa y de conciencia que desarrolle este derecho fundamental reconocido por los tratados internacionales. Pero si la intención es realmente esa, no tiene sentido eliminar instrumentos que cumplen ya esa función en lo que respecta a las confesiones religiosas de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Si hay vacíos, que se llenen, pero no suprimiendo lo que ya funciona. A menos que el verdadero objetivo a batir sea precisamente la libertad religiosa.