El juez Llarena ha denegado la libertad provisional indefinida que habían solicitado Josep Rull y Jordi Turrull, por lo que no podrán tomar posesión y ejercer como consellers del nuevo Gobierno catalán. El magistrado entiende que los riesgos no solo se mantienen, sino que han aumentado con el anuncio del nuevo presidente catalán de impulsar la república independiente, ilegalmente declarada.

El auto del juez no ha pillado por sorpresa a los dirigentes del Procés, aunque acentúen su habitual victimismo. Todo parece propio de una enrevesada partida de ajedrez cuyo único objetivo es el desafío permanente al Estado de Derecho. El mismo perfil radical de Quim Torra, su gira por prisiones para visitar a los políticos presos o su total descaro al afirmar que sus viajes a Alemania para verse con Puigdemont serán pagados con dinero público, así lo corroboran.

Mientras tanto, la fiscalía alemana ha vuelto a pedir la entrega del ex presidente fugado, pero el Tribunal de Schleswig-Holstein mantiene de momento su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra Carles Puigdemont. Este proceso, que tiene tintes de sainete, lamina día a día la credibilidad de la política. Los catalanes necesitan que sus dirigentes se pongan de una vez a trabajar en la gestión pública, que tomen decisiones pensando en el bien común, de modo que pueda irse suturando, poco a poco, la fractura social que el Procés ha provocado.