Esperanza Aguirre ha dimitido como concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, tras reconocer que no vigiló adecuadamente el comportamiento de Ignacio González, que fue su mano derecha en la Comunidad de Madrid. Aguirre no está imputada en ninguna de las causas abiertas por corrupción, pero de esta manera asume su responsabilidad política. Es la segunda vez que lo hace, ya que anteriormente se vio en una tesitura semejante que le llevó a renunciar a la Presidencia del PP en Madrid. El terremoto provocado por la imputación y detención de Ignacio González amenaza con llevarse demasiadas cosas por delante, y la dimisión de Aguirre ayuda, por el momento, a rebajar la tensión. Su propio partido habrá acogido con comprensible alivio esta decisión, que ha sido evidentemente amarga y dolorosa para una política de raza que durante años ha gustado las mieles del éxito, y a la que sería mezquino hurtar el reconocimiento de su valía y de sus servicios. Como ella misma ha reconocido hoy, la corrupción se ha convertido en un problema de primer orden para la vida política española, y los ciudadanos desean el máximo compromiso de sus representantes a la hora de combatirla. La consecuencia inequívoca, para ella, sólo podía ser la dimisión. Es el momento de recordar que el Estado de Derecho funciona en España, que los partidos están obligados a cooperar en esta lucha, y que el populismo, la siembra del resentimiento y la sospecha generalizada serían el peor camino que podría tomar la sociedad española en este momento.