El agrio debate entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, protagonizó ayer la votación del nuevo cupo vasco, aprobado con los únicos votos en contra de Ciudadanos y Compromís. El representante del gobierno rechazó que se trate de «una moneda de cambio» para obtener el voto del PNV a favor de los presupuestos. Se trata, en cualquier caso, de un acuerdo que hace aún más ventajoso el trato que recibe fiscalmente el País Vasco, generando un agravio comparativo que suscita periódicamente reclamaciones en Cataluña y en otras autonomías. Es un buen ejemplo de las nefastas consecuencias de la inacabada estructura territorial de la España del 78, a debate ahora tanto en lo que respecta a una posible reforma constitucional, como en la financiación autonómica. A la excepcionalidad del sistema fiscal en Navarra y País Vasco se une un modelo de reparto competencial susceptible de ser renegociado permanentemente. Los partidos nacionalistas saben cómo aprovecharse de esta situación, sobre todo si en Madrid hay una mayoría parlamentaria precaria. Pero no basta con cargar las tintas contra el gobierno de turno. Haría falta un acuerdo entre los principales partidos para resolver de raíz estos agravios. Difícilmente va a haber un momento más propicio que este. La pregunta es si en esos partidos existe el valor necesario.