Por paradójico que parezca, la personificación de varios agentes de la Guardia Civil en el Parlament de Cataluña y en el Palau de la Generalitat supuso ayer un raro episodio de normalidad institucional en medio de la estrambótica situación generada por el gobierno catalán, empeñado en celebrar un referéndum ilegal el 1 de octubre. Sigue su curso la investigación de la financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática, convertida hoy en un partido antisistema. El contrapunto de sensatez lo puso Mariano Rajoy, quien encontró en la inauguración del Parador Nacional de Lérida una excusa para cerrar el curso político con una última visita a Cataluña.Sin salirse de su papel institucional, un Rajoy conciliador evitó caer en las provocaciones de algunos independentistas y apeló al entendimiento entre administraciones frente a caminos de ruptura que no nos llevan a ninguna parte. No había en el parador ningún alto cargo del gobierno catalán, más allá del delegado de la Generalitat en Lérida. Fue una escenificación de que, en la actual situación, es casi imposible el diálogo con el presidente Puigdemont, cuya única esperanza para salir del callejón sin salida en el que se ha metido es lograr que una sobreactuación del gobierno central le otorgue algún barniz de legitimidad moral. Ese diálogo tendrá que llegar, pero hasta entonces la locura transitoria de los actuales dirigentes catalanes no puede paralizar el estado de derecho.