Todo lo que se diga en estos momentos sobre el “día después” del supuesto referéndum separatista en Cataluña, resulta ocioso ante el cúmulo de contradicciones e iniciativas precipitadas que está adoptando la Generalitat. El bloque secesionista usa un lenguaje equívoco para continuar con la farsa de que la “legalidad” de las leyes emanadas por el Parlamento catalán está por encima de la legalidad constitucional. El Tribunal de Cuentas ha dado un toque de realidad al expresidente Artur Más y a sus exconsejeros al recordarles que habrán de pagar los cinco millones de gastos ilegales incurridos en el simulacro de referéndum del pasado año.Por otra parte es inquietante el relevo del jefe de los Mossos de Esquadra por un radical que pretende exigir el cumplimiento de la “ley” del referéndum del 1 de octubre, mientras el sindicato del mismo Cuerpo recuerda que los Mossos deben cumplir con sus obligaciones de funcionarios del Estado, como policías que son. El panorama se complica con los movimientos ambiguos del PSOE y su obsesión por reformar la Constitución sin contar con el PP. En medio de esta confusión resalta la moderación del presidente Rajoy. Los aspavientos del secesionismo no van a impedir que se aplique la ley para garantizar el orden necesario para una convivencia en paz.