El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, ha reclamado una “solución económica” que permita la puesta en marcha del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que afecta directamente al funcionamiento administrativo de las Juntas Vecinales. Tras la entrada en vigor de la norma, “muchos secretarios municipales no podrán ejercer sus funciones”, recordó el presidente provincial, que se comprometió a “estudiar y dar vueltas al asunto para buscar fórmulas y líneas de trabajo” que permitan aplicar el Decreto.

Entre las obligaciones legales que impone la nueva normativa, el principal escollo consiste en que los secretarios de los Ayuntamientos tendrán que encargarse también de las funciones de secretaría de las Juntas Vecinales que dependen de ellos. Con estas fórmulas, la institución provincial pretende evitar “que el necesario control administrativo no ponga en riesgo a las Juntas Vecinales”, explicó Majo.