El inicio del curso escolar ha venido acompañado de dos informaciones que afectan de forma decisiva a la educación en España. Los grupos políticos han acordado una prórroga de seis meses más en la Comisión del Congreso dedicada al pacto de escolar, un pacto que se aleja cada vez más y que a estas alturas se ha convertido en una frase hecha, cargada de buenas intenciones y destinada a tranquilizar conciencias. En no pocas ocasiones, la impresión es que los políticos no saben ni qué hacer con la educación, ni cómo hacer, más allá de seguir manteniendo un sistema que hace aguas. Si el diagnóstico sobre los problemas del sistema educativo puede ser coincidente, no lo es ni el análisis de las causas ni los remedios, que implican mucho más que decisiones políticas.

Muestra de la ineficiencia del sistema son los resultados del Informe titulado “Panorama de la educación de 2017”, de la OCDE, que ofrece algunos inquietantes resultados. Por ejemplo, un tercio de los jóvenes españoles no han logrado terminar el bachillerato o estudios equivalentes, porcentaje similar al de 2015. O que el 37% de los titulados universitarios ocupan puestos de trabajo para los que están sobrecualificados. Y también la escasa valoración de nuestra Formación Profesional. Son indicadores que nos colocan por debajo del nivel de la media europea en muchos aspectos. La educación sigue demandando un pacto educativo basado en la voluntad real de mejorar el sistema y no en esquemas ideológicos. Pero mucho nos tememos que habrá que seguir esperando.