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Pagos a los funcionarios

La Junta aprueba la carrera profesional

Las normas no tendrán carácter retroactivo y entrarán en vigor el 1 de enero de 2010

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Redacción Oviedo - 29-12-09

Los pagos a cuenta de los funcionarios ya tienen amparo legal. El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado con los votos del PSOE e IU los proyectos
de ley de Evaluación de la Función Pública Docente y de Modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública que permitirán normalizar la regulación de la carrera profesional tras los problemas jurídicos surgidos en su desarrollo. De esta manera, el Gobierno asturiano cumple lo establecido en la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia sobre la carrera profesional que anuló y que está recurrida en el Tribunal Supremo.

Son dos las Leyes aprobadas. Por una parte, la Ley de Función Publica, da cobertura al desarrollo de la carrera profesional en la
administración general del Principado y también a los pagos recibidos a cuenta desde el 1 de enero de 2007, además de asegurar que las personas, funcionarios, empleados públicos que habían venido recibiendo esta cuantía en concepto de carrera y desarrollo profesional en el primer tramo lo
seguirán percibiendo a partir de la aprobación de la ley.

Con esta ley, se abre un nuevo plazo de inscripción y adhesión a la carrera para aquellas personas que por la razón que fuera no se hubiesen inscrito o adherido en enero de 2007 o aquellos que en el transcurso de este tiempo hayan cumplido los requisitos, es decir, que hayan alcanzado los 5 años exigidos para poder tener derecho a la prestación de este incentivo. Los pagos no tendrán carácter retroactivo.

En el caso de los docentes, el Principado no puede desarrollar la  carrera profesional en ese ámbito porque se trata de un cuerpo estatal y, por tanto, es preciso que el Ministerio de Educación, a nivel del Estado, apruebe el Estatuto Básico del Personal Docente. Para evitar su discriminación, el Gobierno ha elaborado un segundo proyecto de ley, aprobado también hoy en la Junta, que regula la evaluación de la Función Docente y un incentivo económico ligado al desarrollo de esa actividad docente, normativa que ha levantado la oposición de tres organizaciones sindicales del sector.
    

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