Pedro Sánchez aún contiene la sonrisa. Su mayor escollo político del año, y posiblemente de la Legislatura, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, está lejos de ser salvado. De momento, la sintonía con Pablo Iglesias, trabajada desde su llegada a La Moncloa, se ha mostrado sólida con un acuerdo, efectista más que efectivo, denominado presupuestario – más bien un pacto programático – que suma 151 escaños, las de PSOE (84) y Unidos Podemos (67). Los votos de socios como CC (1) yCompromís (4) parecen asumibles. Con ellos se alcanzan los 156 diputados, pero el objetivo último es alcanzar los 170.

En esa búsqueda de apoyos para la aprobación de las cuentas, resulta imprescindible los síes de PNV y ERC y una abstención del PDeCAT para superar los noes de PP y Ciudadanos. “A los grupos [aquellos que lo votaron en la moción de censura] les interesa aprobar” los Presupuestos, ha sostenido en privado Sánchez, optimista sobre sus posibilidades de sacarlos adelante. A los nacionalistas vascos les ha venido atribuyendo el jefe del Ejecutivo “buena voluntad”. Así pues, la suerte depende de los secesionistas catalanes. Como se comenta en estamentos gubernamentales, de lograr su respaldo, “podremos dormir a pierna suelta”.

Aún cuando en La Moncloa han considerado abierta una vía pragmática, la de Esquerra, siempre capaz de moldear su realidad, sus dirigentes, al igual que los de JxCat, mantienen en la transacción presupuestaria cuestiones como la petición de que el Gobierno inste a la fiscal General del Estado para que decaigan las acusaciones contra los procesados por la consulta ilegal del 1-O y proclamar la independencia. Las filtraciones sobre los planes del Ministerio Público, presto a mantener la acusación de rebelión para los líderes independentistas pero sin llegar a la pena máxima, estuvieron lejos de pillar por sorpresa a la plana mayor secesionista.

La Generalidad de Cataluña, según tenía constatado la Cadena COPE, ya iba trasladando a los suyos mensajes tales como “la fiscalía viene muy fuerte”. Es posible que el propio Gobierno de Pedro Sánchez hubiese hecho participe al Govern de Quim Torra de esas informaciones en sus comisiones bilaterales y donde, de una manera u otra, los mandatados catalanes aprovechan a menudo para sacar a colación la situación de los políticos presos. Sea como fuere, lo cierto es que los dirigentes de JxCat y deERC no necesitaron enterarse por la prensa de las intenciones del Ministerio Público.

Adelantándose a esa encrucijada, el Gobierno, a través de su delegada en Cataluña, apostó por indultar a la cúpula del procés si el Tribunal Supremo acabase condenándolos y siempre y cuando los condenados aceptasen la sentencia y solicitaran el perdón de las penas, como es preceptivo. Una opción que alentaron ministros y que Pedro Sánchez ni apoyó ni desautorizó. La hipótesis choca con la “Operación Mandela”. Esto es, la presentación como mártires de los encarcelados. En particular de Oriol Junqueras, determinado a no pedir un indulto. Ello representaría aceptar que es culpable de un delito que en ningún caso reconoce haber cometido. “La decisión es firme”, subraya a la Cadena COPE su entorno.

Aún es pronto para saber si Pedro Sánchez fracasará en su hoja de ruta. Lo que está claro es que quedan semanas de negociaciones en las que también se implicará en primera persona el presidente del Gobierno.