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El Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil concluye que existen "vinculaciones" entre la mayoría de las ocho empresas que concurrieron al concurso público para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, según señala en un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de los suelos en una causa que acumula ya 17 imputados. Fue el día 12 de junio de 2012 cuando la juez Mercedes Alaya, actualmente de baja por enfermedad, requirió al Instituto Armado para que informara sobre las relaciones societarias entre las distintas empresas que participaron en el concurso público, lo que ha hecho en un atestado notificado ahora a las partes personadas en una causa que ha estado paralizada desde el pasado julio debido a la baja de la magistrada.  La juez Mercedes Alaya realizó esta petición porque sospechaba que el concurso público estaba "predeterminado" para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a la empresa Sanma, filial del grupo Sando. Domingo Enrique Castaño, ex asesor del que fuera alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín  fue posteriormente contratado por una empresa en la que Sando tenía participación, de ahí que el PP crea que interesadamente benefició a la entidad, en perjuicio de la oferta presentada por Noga, mucho más ventajosa para Mercasevilla.

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