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Enfrentamientos en la calle

Más de 10 heridos dejan los fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública en Mocoa, capital del Putumayo, que desató la crisis por el cierre de pirámides y captadoras ilegales como DMG.

Los hechos se presentaron desde la madrugada de hoy, cuando varias personas intentaron bloquear la vía que comunica al Departamento con el centro del país, lo que obligó a la Policía a lanzar gases lacrimógenos.

Pese al intento de las autoridades por recuperar el orden público, los manifestantes saquearon varias sedes de pirámides, incineraron la sede de Proyecciones DRFE, quemaron siete vehículos y asaltaron la casa de uno de los directivos de esta captadora, que se encuentra prófugo de la justicia.

El comandante de la Policía del Putumayo, coronel Harold Lara, dijo que hay un uniformado herido y que por el momento, no se ha identificado a los autores de estos actos delictivos. También informó que la Policía está replegada en la zona bancaria de Mocoa para evitar otros saqueos.

Enfrentamientos en las cámaras

Los legisladores comparecieron ante el presidente Álvaro Uribe por su presunta vinculación con la comercializadora. Entretanto, en Senado hubo un rifirrafe entre el ministro del Interior, Fabio Valencia, y Gustavo Petro

El naciente escándalo de la DMGpolítica y el escarnio al Gobierno por la proliferación de las pirámides y comercializadoras sindicadas de captación ilícita de dinero, acapararon la atención de todos los senadores que durante el día de ayer asistieron a extensos debates sobre el particular en la Comisión Primera y la plenaria.

El prolongado debate comenzó en la Casa de Nariño, cuando los congresistas uribistas asistieron a un desayuno con un presidente Álvaro Uribe distante y molesto por los presuntos nexos de la firma de David Murcia con los senadores Zulema Jattin, Jorge Visbal y Roberto Gerlein.

Los tres negaron tener vínculos con Murcia. Jattin, del Partido de la U, negó tajantemente que haya sido la autora del presunto mico (artículo 79) incluido en la reforma financiera que legalizaría la estrategia de DMG para que sus ahorradores invirtieran a través de la compra de tarjetas prepago.

En el mismo sentido se declaró el senador Visbal, quien durante el día manifestó ante sus colegas y los medios que no conocía a Murcia o a sus socios.
No obstante, el senador Gerlein confirmó que hace varios meses mantuvo una reunión con el entonces representante legal de la firma, Abelardo de la Espriella.

“A mí el señor De la Espriella me pidió una cita, se la di para una semana después, estuvo en mi oficina 10 minutos y el señor dijo que estaba preocupado por la presencia de un proyecto de ley en relación con la tipificación como delito del transporte de dinero de un departamento a otro. Yo le dije que en Colombia habían leyes para todo”, relató Gerlein, quien manifestó que no tiene dinero invertido en DMG.

Sin embargo, parece que las respuestas no convencieron al Presidente. Además, los legisladores aseguraron que estaban muy “indignados” por declaraciones recientes en las que presuntamente Uribe habría invertido su patrimonio en una pirámide.

“El Presidente estaba muy molesto, indignado, porque hay muchas personas que se quieren meter con el patrimonio de él, cuando aduce que son las mismas hectáreas de hace 27 años”, reveló el senador Armando Benedetti.

Duro rifirrafe

El segundo round del Gobierno con el Congreso se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado, en donde los legisladores del Polo y el Partido Liberal culparon a los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, de la “hecatombe social” que se vive por el desplome de las pirámides en Cauca, Nariño, Putumayo y el resto del sur del país.

“El Presidente de la República incumplió sus funciones constitucionales que le ordenaban vigilar el sistema de captación de ahorro del público, y que por esa omisión durante años consecutivos, que no necesitaba del Fiscal, que por esa irresponsabilidad del Presidente de la República, millones de colombianos perdieron su patrimonio familiar, por creer en una ilusión que se fabricó por delincuentes, pero que estuvo sustentada por la omisión de las funciones constitucionales del Presidente de la República”, denunció el senador Gustavo Petro.
A su turno, el ministro Zuluaga manifestó que el Gobierno está demostrando, por medio de la declaratoria de emergencia social, que está actuando para arreglar la situación.

“Esto muestra la clara necesidad nuestra de crear iniciativas que ataquen la magnitud de un desafío al Estado, propuesto por actividades criminales que no permitían a través de legislación ordinaria poderse mover con la misma celeridad y prontitud”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.
Entretanto, el ministro Valencia Cossio defendió la política del Gobierno que, a su juicio, logró contener “como pudo” los brotes de captación ilegal de dinero.

“El Gobierno, con los instrumentos constitucionales que tenía, empezó a perseguir esos fenómenos que empezaron a surgir muy especialmente en el sur de Colombia, pero también en las grandes ciudades”, señaló Valencia, quien indicó que “esto que estamos viviendo hoy es la suma de varios actores que valientemente el Presidente de la República, a costa de un costo político, ha asumido con toda responsabilidad”.

Que rueden cabezas y cuentas

El tercer asalto se dio en la plenaria del Senado, en donde la senadora Cecilia López y el representante Guillermo Rivera exigieron que el ministro Zuluaga acepte la responsabilidad política por estos hechos, al tiempo que le pidieron a la familia de Uribe que presente sus balances contables desde 2002 para despejar las dudas por los presuntos nexos con la “familia DMG”.

“Hubo relaciones peligrosas entre DMG y el Gobierno: Jerónimo Uribe con Daniel Ángel (productor de Body Channel, hoy detenido); David Murcia visitó la Casa de Nariño; DMG transporta firmas para el referendo. Este es un Gobierno de doble moral que se olvida de su responsabilidad por lo general”, denunció la senadora.

“Usted, señor Ministro, es el responsable de agrandar una política que permitió la expansión de las pirámides y usted debe llevar con la responsabilidad política de esta hecatombe social”, exigió la vocera liberal, quien indicó que “es claro que este es el mensaje que le da el Gobierno a la gente: no se toque el sistema financiero porque es el que da riqueza”.
A su turno, el representante Rivera denunció que el Producto Interno Bruto (PIB) del Putumayo ha perdido casi el 40 por ciento de su producción anual debido a las pirámides.

“Este departamento requiere respuestas inmediatas o si no volveremos a ver una catástrofe por este hecho”, resaltó el congresista de oposición.