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La concepción del hombre, de su vida y de sus relaciones sociales, en España y en los países de nuestro mismo entorno cultural, está hoy determinada por la absolutización de la autonomía y la persecución del hedonismo. Con estos mimbres, a los que se añaden un feminismo radical que contempla la maternidad como una esclavitud y menosprecia el sentido de la paternidad, no es de extrañar que se abran paso leyes que defienden y amparan el aborto.

La cultura que anima estas leyes, como la que está en trance de aprobarse en España, ha dejado de creer que la vida humana tiene un valor sagrado e inalienable para sostener que el valor de la vida humana está en función de criterios como la independencia, el sufrimiento, la salud o el bienestar económico. Criterios, por otra parte, que el legislador se arroga el derecho de promulgar. Esto es lo que denuncia la Declaración sobre el anteproyecto de ley del aborto, que ha publicado hoy la Comisión Permanente de la CEE.

Estamos ante una cuestión de máxima urgencia que afecta al bien común de la sociedad española. El aborto es la muestra evidente de una cultura, promovida desde las leyes, los medios y la educación, en la que los hombres y mujeres van desentendiéndose progresivamente los unos de los otros, hasta el punto de encontrar en la muerte provocada la única solución posible al sufrimiento de sus conciudadanos.