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Hace unos meses, en un debate en Popular Televisión Navarra, defendí que el aborto, en los términos en que se plantea en nuestra sociedad, es en realidad una política de derechas, aunque se la encubra con un velo izquierdista. Esta opinión suscitó algún desconcierto entre los políticos que participaban en la tertulia, así que parece preciso explicar más esta idea. No voy a abundar en las nociones de izquierda y derecha, pues excede las posibilidades de este artículo. Me centraré en un par de tópicos usualmente aceptados sobre la idea de izquierda, aun a costa de perder precisión conceptual.

Esos tópicos son: 1) La izquierda defiende al débil frente al fuerte (v.gr. defiende al trabajador frente al empresario); 2) La izquierda prefiere la iniciativa pública a la privada (v.gr. prefiere impulsar la enseñanza pública en vez de la concertada). La derecha, según esto, sería lo contrario.

1) Si la izquierda defiende al débil frente al fuerte, debería defender al no nacido frente a los ya nacidos que hacemos las leyes. A esto se suele replicar que el no nacido no es humano aún. No voy a discutirlo, aunque es aquí donde se cuece el asunto. Me limitaré a subrayar que no hay acuerdo social sobre cuándo un ser humano empieza a serlo. Esto es suficiente para que el legislador no tome decisiones arriesgadas.

Si la izquierda defiende al débil frente al fuerte, debería defender a la mujer frente al abuso de quienes la pueden presionar para abortar, a saber, su jefe, su marido, su novio, sus padres, la sociedad y hasta la misma clase política que parece empeñada en considerar el aborto como una opción liberadora. Cualquiera puede darse cuenta de que, en el debate público, hoy se ha sustituido el “ninguna mujer quiere abortar” por el “la mujer tiene derecho a decidir”. La primera frase asume la doctrina del mal menor: el aborto es la última salida ante una situación de injusticia irresoluble. La ley actual (que no se cumple) materializa esta doctrina en los famosos supuestos para abortar. La segunda frase, en cambio, es un dogma liberal, pues mi derecho simplemente y sin discusión vale más que el del otro. Esta doctrina es asquerosamente de derechas, y es la misma que justifica el derecho de EE.UU. a invadir Iraq si le viene en gana o el de un aristócrata a mantener oprimida a la clase trabajadora, sencillamente porque puede hacerlo. Es el triunfo de la ley del más fuerte, disfrazada de “derechos de la mujer”.

Por otra parte, si la “izquierda” bajara de las nubes, podría darse cuenta de que el famoso “derecho a decidir” ni siquiera es real. No conozco a ninguna mujer que haya abortado con esa alegría sana que te entra en el cuerpo cuando ejerces un verdadero derecho. Al contrario, los casos que conozco son de abortos provocados por el jefe (temor a perder el empleo o el puesto en la empresa), por los padres (cómo vas a tener un hijo con 17 años) o por la pareja (que se desentiende o incluso maltrata a la mujer psicológicamente). No soy médico, pero sé por experiencia que en la coyuntura de un embarazo (imprevisto o no), la mujer se encuentra especialmente vulnerable, con las hormonas pegando bandazos. Es asaltada por temores, muchas veces se siente sola, el mundo se le cae encima. Además, están las náuseas, los vómitos y, en el caso de embarazos difíciles, otras complicaciones. Durante el embarazo, la mujer necesita toda la protección y el apoyo de la sociedad, de su marido, de sus padres, de sus amigos. ¿Es en esta situación cuando la mujer debe decidir? Hace poco vi una viñeta que describe exactamente la situación real: una mujer le acaba de decir a su jefe que está embarazada y el jefe le responde: “Ya sabes que tienes derecho a decidir entre el aborto y el paro”. Ésta es la realidad.

Una verdadera política de izquierdas iría dirigida, por tanto, a eliminar la grave discriminación social que sufre la mujer embarazada. En cambio, la “izquierda” ha decidido asumir que la solución a esa discriminación es el aborto. Es decir, en la dicotomía empleada/jefe, la “izquierda” opta por el jefe. Brillante.

2) Se suele decir que la izquierda prefiere la iniciativa pública a la privada. Sin embargo, el 98% de los 112.000 abortos que se hacen al año en España se llevan a cabo en clínicas privadas, a un precio de entre 345 y 3.000 euros por aborto. Cojan la calculadora. Es lamentable que la patronal del aborto haya estado tan representada en la Comisión del Parlamento. Los que se están lucrando con el dolor ajeno impulsan una ley de plazos porque quieren impunidad total, para que no les pase lo mismo que a Morín. La idea de que se pueda abortar sin permiso paterno a los 16 años es también suya: quieren regularizar una práctica que ellos ya están haciendo ilegalmente, como reconocieron en la Comisión. Así pues, el Gobierno “socialista” va a promulgar una ley para dar la razón a la patronal, para que los ricos puedan hacer caja sin molestias. Para defender lo indefendible, a las clínicas se les ha ocurrido este argumento: “Necesitamos una ley de plazos para que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar”. Es un sofisma. Al fin y al cabo, ¿irá o no a la cárcel una mujer que aborte fuera del plazo que fije la nueva ley? Con la actual ley, ninguna mujer en España ha ido a la cárcel. Las actuaciones que llevó a cabo la Justicia iban dirigidas a detectar delitos graves cometidos por las clínicas. ¿O es que los que se dedican al filantrópico negocio del aborto no deben cumplir las leyes? La “izquierda” que todavía tenga un gramo de izquierda en su cabeza debería negarse a participar en esto, porque es como si los trabajadores pidieran a los patronos: “¡Por favor, enriqueceos a nuestra costa!”

En todo caso, una verdadera política de izquierdas permitiría el aborto sólo en la sanidad pública (respetando la objeción de conciencia) y quitaría su lucrativo negocio a las clínicas privadas.