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El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Proyecto de Ley que debe regular la Cañada Real Galiana a su paso por los municipios de Madrid (distritos de Vallecas y Vicálvaro), Rivas Vaciamadrid y Coslada. De este modo, el texto se remitirá a la Asamblea regional donde deberá ser discutida por los grupos parlamentarios. El texto elaborado por la Comunidad de Madrid fue consensuado con todas las administraciones competentes, esto es, ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Madrid y Coslada, así como por la Delegación de Gobierno. De hecho, según informó al Consejo de Gobierno la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, esta semana el Consejo Económico y Social declaró su respaldo al Anteproyecto de Ley sobre la Cañada. 

El CES, integrado por representantes de los sindicatos, la patronal y expertos de la Comunidad, acordó por unanimidad un informe en el que se considera oportuna la elaboración del citado Anteproyecto y se valora de forma positiva el objetivo de ordenar territorial, social y jurídicamente la Cañada Real Galiana. Según explicó Ignacio González, vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional, el informe del CES respalda la iniciativa emprendida por el Ejecutivo regional, hace meses decidió liderar los trabajos que deben dar como resultado el inicio del fin de la Cañada Real Galiana. 

Para ello, añadió González, han tenido lugar reuniones con representantes de los tres ayuntamientos implicados así como con la Delegación de Gobierno con el objeto de consensuar una Ley que permitirá desafectar 14,2 kilómetros de la Cañada a su paso por los citados municipios, pasando a ser un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid. A partir de ese momento, los ayuntamientos dispondrán de seis meses para elaborar un censo de parcelas y personas. Además, todas las administraciones competentes deberán llegar a un acuerdo que resuelva los problemas de tipo social de la zona y los municipios, en el ejercicio de sus competencias, deberán definir qué uso dan a esos suelos a través de la modificación puntual de sus planes generales. 

Asimismo, el texto propuesto fija un plazo de dos años desde la aprobación de la norma a partir del cual la Comunidad de Madrid podrá permutar, ceder, conservar o vender los suelos de la Cañada. Sobre este punto, en su informe el CES recomienda que se establezca un mecanismo flexible en relación con dicho plazo que permita su ampliación en función de situaciones de carácter excepcional